Nueva ley de tercerización de servicios en Perú: cambios, obligaciones

ley_tercerizacion

El próximo 22 de agosto, vencerá el plazo para adaptarse al nuevo Decreto Supremo N° 001-2022-TR y adecuar los contratos de tercerización, después de su aprobación en febrero de este año.

Este nuevo decreto dio a las empresas 180 días para adaptarse a las nuevas disposiciones relacionadas con la tercerización de servicios. En ellas prohíbe la tercerización laboral en actividades que forman parte del “núcleo del negocio”.

El Ministerio de Trabajo argumenta que la razón de ser de esta norma es que los trabajadores ubicados al final de la cadena de servicios tercerizados reciben menos sueldo realizando el mismo trabajo, con igual horario y en el mismo lugar de trabajo que otros colaboradores.

Tercerización de servicios

La tercerización de servicios es un tipo de contratación legal que consiste en delegar actividades especializadas, obras o servicios a una tercera empresa. Tiene impacto no solo en el mercado laboral formal, sino también en la productividad y competitividad de las empresas.

La tercerización, regulada en Ley N° 29245 (del 24 de junio del 2008) y el Decreto Legislativo Nº 1038, es el mecanismo por el cual una empresa principal contrata a otras empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.

La Ley N° 29245 y el Decreto Legislativo N° 1038 establecieron los casos en los que procederán los requisitos, derechos y obligaciones que se deben cumplir; además, las sanciones aplicables a las empresas que desnaturalizan el uso del citado método de vinculación empresarial afectando derechos de los trabajadores.

En ese sentido, el Decreto Legislativo N° 1038 precisa que las obligaciones y restricciones establecidas en la Ley N° 29245 solo son aplicables a la tercerización con desplazamiento continuo de personal, no así a los supuestos de tercerización sin desplazamiento ni a las que lo hagan en forma eventual o esporádica.

¿Qué supone la nueva ley?

El Decreto Supremo N° 001-2022-TR regula los casos en que procede la tercerización, los requisitos, derechos y obligaciones, así como las sanciones aplicables a las empresas que desnaturalizan el uso de este método de vinculación empresarial.

La recomendación del decreto indica a las empresas que evalúen cuáles son sus actividades que calificarían como nucleares. En esos casos, tendrán que ser realizadas por el personal directo de la organización.

La nueva regulación específica de la tercerización laboral se aplicará solo aquella que incurra en desplazamiento continuo de trabajadores y no a la que suceda sin desplazamiento, ni aquellas empresas que lo realicen de forma esporádica.

¿Qué implica el desplazamiento continuo? Significa que el personal de la empresa tercerizadora efectúa su labor en el local de la empresa principal. Asimismo, la duración del desplazamiento es de más de un tercio de los días laborables pactados en el contrato de tercerización; o la tercerización excede de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro de un semestre.

Si, por el contrario, las actividades no suponen un desplazamiento continuo, es esporádico o la contratación se debe a actividades especializadas, pero con un alto nivel técnico, científico o cualificado, aunque se trabaje en el núcleo de la empresa, el decreto supremo permite esta modalidad sin ninguna penalización.  

De acuerdo con el decreto, la tercerización con desplazamiento comprenderá a aquellas actividades especializadas u obras que no formen parte del núcleo del negocio, pero sí de la actividad principal.

Es una actividad principal de la empresa usuaria aquella que es consustancial al giro del negocio. Son actividades principales las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestación de servicios: exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización y en general toda actividad sin cuya ejecución se afectaría y/o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa, y que no forma parte del denominado “núcleo del negocio”.

Es una actividad especializada aquella vinculada a la actividad principal y que exige de un nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado.

Consecuencias laborales

Según un estudio de Vistage, 8 de cada 10 CEO creen que esta normativa afectará a los comercios, ya que este sector suele acoger muchos trabajadores externos para cumplir roles fundamentales en estas empresas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirma que este nuevo reglamento ocasionaría la pérdida de más de 71 000 puestos de trabajo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas; además, otros 43 000 en grandes empresas. A esto se suma el riesgo de quiebra de al menos unas 1000 empresas.

El MEF también señala que se afecta la productividad ganada por la especialización de dichos servicios tercerizados. Las empresas ya se han especializado en una sola actividad, tercerizando las otras partes de su cadena de producción, por lo que esta norma obligaría la contratación de dicho personal tercerizado. Ello implicaría una amenaza a la formalización, porque las empresas no contarán con suficientes recursos para contratarlos, por lo que los trabajadores no contarán con puestos de trabajo.

“La modificación de esta ley impacta críticamente en todos los sectores de la economía peruana, ya que prohíbe la tercerización del núcleo del negocio en la actividad principal y toda actividad complementaria de una empresa. Esto genera importantes limitaciones que traerá como consecuencia una menor promoción de empleo formal y, por consiguiente, una creciente informalidad en el mercado laboral peruano”, comentó el socio líder del área laboral del estudio PPU, César Gonzales.

La Cámara de Comercio de Lima subraya que, a raíz de las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, “es importante que las empresas tengan conocimiento del nuevo escenario presentado y prevean las acciones para reducir contingencias laborales ante futuras eventuales acciones de fiscalización por parte de la autoridad de trabajo”.

Disclaimer: la información contenida en el presente sitio web no constituye asesoramiento legal de ningún tipo por parte de DGNET Ltd. Este artículo no puede ser considerado como un consejo o recomendación legal. Si desea asesoramiento legal específico sobre los temas tratados en el presente documento, deberá consultar a un abogado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *